Tres
apuestas por la familia
¡Quién lo hubiese dicho hace tan solo 10 años! Hemos terminado un
curso político, en el que hemos visto rivalizar a los distintos partidos en sus
propuestas de promoción de política familiar. Es verdad que como en España
partimos de un nivel ínfimo en este terreno, estamos muy lejos de equipararnos
a la media europea. Pero, por lo menos, podemos consolarnos pensando en que
hemos empezado a caminar en la dirección correcta.
¿Oportunismo político o interés verdadero? No será difícil
discernirlo: el oportunista está dispuesto a plantear medidas de promoción y
apoyo a la familia, pero sin buscarse enemigos por ello. Sin embargo, quien
verdaderamente valora la familia, no sólo se limitará a fomentar la política
familiar "en positivo", sino que estará dispuesto a oponerse a todo
aquello que resulte contrario a su "salud".
En este sentido, hemos sido testigos de un episodio esperanzador. Lo
sucedido con la llamada "ley del botellón" debería hacernos
reflexionar a todos, y de forma especial a la clase política. ¡Las medidas
restrictivas pueden llegar a ser populares! ¡La defensa de lo valores éticos
no está reñida con la necesidad de captar votantes! Partiendo del éxito de
esta ley restrictiva del consumo de alcohol en la calle, creo que ha llegado la
hora de que sacudamos complejos y nos atrevamos a pedir en público lo que
mayoritariamente entendemos es de sentido común. Proponemos en este artículo
tres medidas restrictivas, que no son sino una triple apuesta por la familia:
Restricciones a los
"906": A estas alturas, todos conocemos hogares en los que se ha
vivido la sorpresa de recibir una desorbitada factura telefónica fruto de
llamadas a líneas 906. ¡No estamos hablando de cantidades menores, sino de
cientos de miles de pesetas! No es justo que la familia tenga que padecer ese
drama. Los padres tienen derecho a disponer de instrumentos técnicos que les
permitan controlar lo que luego ellos van a tener que pagar. Lo lógico sería
que el titular de la línea telefónica que desee utilizar los "906",
tuviese que darse de alta para poder acceder a estos servicios.
Pornografía en televisiones
locales: En los últimos años han proliferado los canales televisivos de ámbito
local. Su objetivo de partida era abrirse su propio campo; bien fuese haciéndose
eco de la vida municipal, llevando al vecindario como protagonista de la pequeña
pantalla, etc... Pero, por desgracia, el tiempo ha terminado por demostrar que
es muy difícil competir con las cadenas de ámbito nacional o autonómico. Y
claro, a falta de criterios éticos, era muy tentador recurrir a cualquier medio
para conseguir televidentes. La consecuencia ha sido que muchos canales locales
han incluido programación pornográfica; cuando resulta que ningún canal
nacional se ha atrevido a ofrecer esos contenidos en sus emisiones "en
abierto".
Se deberían prohibir dichas emisiones, por razones múltiples. Bastaría
invocar el derecho de la familia a que ese tipo de contenidos estén más
distantes de sus hijos de lo que implica un simple zaping.
Filtros de internet: La
familia que en estos momentos decide proteger técnicamente la conexión a
internet desde su hogar, de forma que no se pueda acceder desde ella a páginas
de contenido pornográfico, xenófobo, violento, u otros contenidos negativos,
ha de contratar e instalar lo que se conoce como un "filtro informático".
¿Y, no sería más lógico lo contrario; es decir, que quien quisiese acceder a
esos contenidos, hubiese de solicitar expresamente a su servidor la desconexión
del filtro? La propuesta es muy concreta: los servidores de internet habrían de
utilizar por defecto un filtro de páginas negativas, que funcionase siempre que
el usuario no haya solicitado su desconexión.
En el fondo, estas tres medidas de protección familiar que proponemos
parten de unos principios antropológicos, psicológicos y éticos
fundamentalmente realistas. Bajo el espejismo de un modelo social del bienestar,
estamos siendo testigos de una gran proliferación de comportamientos de carácter
obsesivo y en gran parte adictivo, aumentando la ansiedad y el desequilibrio
personal y social. ¡Se están haciendo verdaderas fortunas a costa de las
psicopatías! No basta con invocar el principio de la libertad: ésta tiene que
ser preservada para poder luego ser ejercida.
Volviendo al paradigma de “la ley del botellón”; es cierto que por
el hecho de que hayamos erradicado el consumo de alcohol en la calle, no por
ello hemos eliminado el problema. Pero, cuando menos, estamos orientando el
problema adecuadamente: no es lo mismo tolerar que exhibir y promocionar. No es
lógico que el que quiera preservar a su familia de unos contenidos negativos
tenga que ser el que objete al sistema general; en vez de pedirle la iniciativa
a quien desee el acceso. Lo que no puede ser es que hagamos de la excepción la
regla. Ya sabemos que estas medidas técnicas no eximen a la familia de educar
en valores, pero refuerzan sus criterios éticos con coherencia.
José Ignacio Munilla Aguirre