En
vísperas de la introducción de la ley del divorcio en España,
en 1981, el entonces Ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez,
afirmó sin titubeos que “medio millón de parejas esperaban
esa ley como agua de mayo para formalizar la ruptura de sus matrimonios”.
Afortunadamente, cometió un pequeño error de cálculo. El
número total de las parejas que solicitó el divorcio en los dos
años posteriores a la aprobación de la ley, no llegó al
7% de sus pronósticos.
En 1985 se despenalizaba la interrupción del embarazo, con un argumento
similar. Había que dar un marco legal a los 300.000 abortos anuales que
se calculaban se estaban realizando en la clandestinidad. Sin embargo, al año
siguiente de la despenalización se registraron tan solo 467 abortos legales.
Eso sí, a partir de ahí, el aborto y el divorcio no han hecho
sino crecer en España, hasta alcanzar los 77.000 abortos y 45.000 divorcios
del año pasado. Paradojas de la vida, aquellos datos ofrecidos a la opinión
pública como estimaciones de una realidad falseada, acabaron siendo más
bien vaticinios de la degradación moral que estaba por llegar. Lo cual
demuestra que las políticas familiares no se limitan a dar marco legal
a las realidades sociales con las que se encuentran, sino que las generan activamente.
Pero la historia se repite. La rueda de prensa del 1 de Octubre pasado, en la
que la Viceministra, Fernández de la Vega, acompañada del Ministro
de Justicia, López Aguilar, presentaron a la opinión pública
el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, no tuvo desperdicio
por los argumentos con los que el Gobierno justificó su decisión
de equiparar las uniones de homosexuales a los matrimonios. Guardemos esos datos
para nuestra hemeroteca: “En España hay 4 millones de homosexuales”
“De acuerdo a más de 50 estudios, no hay riesgo alguno para los
niños adoptados por parejas de homosexuales”.
Antes de entrar en otras consideraciones, constatamos una vez más el
serio problema de comunicación interna que existe en este Gobierno. El
pasado 27 de Julio la ministra de Sanidad, Ana Salgado, a propósito de
la política de prevención del SIDA, se basaba en los datos del
INE: los españoles que dicen mantener exclusivamente relaciones homosexuales
son el 1 por ciento. Si se sumasen los que declaran haber tenido algún
contacto homosexual en su vida, la cifra llegaría al 3 por ciento. Unas
cifras muy en consonancia con las que se barajan en otros países occidentales.
Así, por ejemplo, el Instituto de Estadística Canadiense hacía
público en Junio el resultado de su último estudio según
el cual el 1’3 % de los hombres y el 0’7% de las mujeres se declaraban
homosexuales. ¿De dónde salen ahora los 4 millones de españoles
homosexuales contabilizados por la Viceministra; es decir, el 10 % de la población
española? Nos gustaría saberlo; y, desde luego, no sería
de recibo que se esquivase la pregunta recurriendo al argumento de que lo importante
son las personas y no las cifras. Algo de importancia deben de tener los números
cuando son manipulados con la intención de justificar determinadas políticas.
Las datos ciertos son los que reflejan el registro de parejas de hecho del Gobierno
Vasco, publicados en Junio. En el espacio de un año se han registrado
en Euskadi 2702 parejas, 162 de las cuales eran homosexuales. Pero claro, para
tener una idea aproximada del segmento de la población del que estamos
hablando, hay que añadir los 10.865 matrimonios, civiles y canónicos,
que tuvieron lugar en ese mismo periodo. Y entonces resulta que el primer año
en el que todas las parejas homosexuales que reivindicaban una regularización
tienen ocasión de hacerlo, no llegan al 1’2 % de las parejas totales,
en datos del País Vasco. En España hay ahora mismo registradas
10.474 uniones de hecho homosexuales, según datos del INE. Representan
el 0’11 % del total de parejas censadas (8.900.000 matrimonios y 563.723
parejas de hecho heterosexuales). ¿Tiene una explicación lógica
que la presión de determinados lobby homosexuales consiga cambiar el
mismo concepto de matrimonio? ¿La reivindicación de esas minorías
a una regulación legal de sus relaciones, va a convertir en políticamente
incorrecta la concepción del matrimonio como la unión del hombre
y la mujer?
El cometido principal de la Iglesia en materia moral es predicar la ley de Dios,
tutelar la ley natural y, de forma especial en nuestros días, salir en
defensa del sentido común. Sin embargo, en esta cuestión concreta,
por una vez y sin que sirva de precedente, se siente arropada por una opinión
pública que se resiste a reconocer que los niños puedan ser adoptados
por parejas homosexuales. En el momento en que escribo esta líneas, consulto
los resultados de la encuesta que la edición digital de El Mundo ha realizado
sobre esta cuestión, con un resultado clarificador. De los 55.323 votantes
habidos, el 67 % se muestra en contra de que las parejas homosexuales puedan
adoptar hijos. La alusión de la ministra a los 50 estudios que supuestamente
demuestran la inocuidad de esta experiencia con niños, merece un comentario
aparte, que reservo para otra ocasión. ¡Es una de las manipulaciones
más graves que se han dirigido jamás a la opinión pública!
¿Cómo cabría calificar la política familiar de este
Gobierno? Por una parte se facilita el divorcio de forma que el matrimonio se
devalúa en la práctica a la condición de mera pareja de
hecho; y, por otra, se elevan a categoría de matrimonio otras uniones
que no pasan de ser simples parejas de hecho. Estamos ante la “política
de la apisonadora”, donde los valores morales son igualados por debajo,
que no por encima.
José Ignacio Munilla Aguirre